Global Courant
Leidy vive en la zona 18, cada día gasta Q12 en el pago de transporte colectivo público para trasladarse al Instituto Normal Central para Señoritas Belén, en la zona 1 capitalina, donde estudia un bachillerato. Mientras que su compañera Karina paga a diario Q16 para movilizarse desde Villa Canales.
Mencionan que el desembolso que sus padres hacen para que puedan llegar al centro educativo implica desajustar el presupuesto familiar.
Su caso se replica en otros establecimientos. En el Instituto Nacional Central para Varones, también en la zona 1, Carlos estudia el primer año del nivel Básico. Dos de sus hermanos asisten al mismo centro educativo. Los tres gastan en el día Q30 en pasajes desde la zona 18.
“A mi papá ya no le alcanza el dinero, y tiene que ver de dónde saca y darnos para la camioneta”, dice el adolescente.
El acuerdo ministerial 1311-2013 establece un bono para el pago del transporte público escolar para los estudiantes de primaria y del nivel medio de centros educativos públicos de la ciudad capital y de municipios del departamento de Guatemala. Ellos deben recibir Q2.20 diarios, y quienes cursan la jornada nocturna Q4.40.
Desde el 2019, cada año el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene en su presupuesto Q14.6 millones destinados para este programa de apoyo.
Consultados los estudiantes respecto a si han recibido este beneficio, las jóvenes del Instituto Normal Central para Señoritas Belén indicaron que solo les han dado una cuota. En tanto que los alumnos del Instituto Nacional Central para Varones no han recibido ninguna.
El reglamento de bono del transporte escolar señala que el desembolso debe entregarse de manera bimensual durante el ciclo escolar a los estudiantes que estén legalmente inscritos y registrados en el Sistema de Código Personal del Mineduc. También deben cumplir con el 80% de asistencia escolar.
En discusión
De recibir el bono este se convierte en un aporte mínimo para el pago de transporte que hacen los estudiantes a diario, pues en el 2013 -año en que se publicó el acuerdo ministerial que da vida al programa de apoyo- el pasaje costaba Q1.10, ahora es de Q5 o más según el trayecto.
Edgar Guerra, defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), considera que debe replantearse el monto del bono para que se cumpla con el objetivo de este, que es apoyar en la movilización de los niños y los adolescentes hacia los lugares de estudio.
El precio de un viaje en el Transmetro es de Q1, pero hay recorridos de Q2. En el Transurbano el pasaje cuesta Q5, unidades que son escasas. Con la pandemia del covid-19 desaparecieron los llamados “buses rojos” y surgieron distintas alternativas de transporte, como los taxis colectivos, que cobran Q5 por trayectos cortos. De esa cuenta es que a diario una persona gasta como mínimo Q10 para movilizarse en la ciudad capital, la cifra aumenta si es desde municipios aledaños.
Guerra refiere que debe haber un mayor control de parte del Mineduc para entregar este beneficio, el cual debe llegar a quién realmente utilice el transporte colectivo público para movilizarse hacia su centro de estudios, pues hay estudiantes a los que sus padres los trasladan en vehículos particulares y ellos deben ser conscientes de que no necesita el bono.
Agrega que urge hacer un estudio de cuál es la necesidad de movilidad, y las municipalidades pueden contribuir en ello a fin de incrementar la cobertura del transporte público para no afectar el presupuesto de los hogares.
“Una persona de los municipios conurbados -San Miguel Petapa, Villanueva y Chinautla y Mixco- hacia el de Guatemala gastan entre Q20 y Q40 diarios en pasaje”, dice Guerra.
Pero más allá de solucionar el problema del transporte, ve la necesidad de tener en cada zona y municipios centros educativos que garanticen calidad educativa para evitar que haya una movilidad fuerte de estudiantes a áreas lejanas de su lugar de residencia, porque esto incrementa el tráfico en las calles.
Ampliar la cobertura del bono
El bono del transporte escolar está establecido únicamente para estudiantes de la ciudad capital y municipios del departamento de Guatemala, a criterio de Guerra sería positivo extenderlo el beneficio al resto del país para apoyar a quienes no pueden movilizarse porque su condición económica no se los permite.
Pero, agrega, “lo más racional sería crear las condiciones dentro de los municipios donde viven los estudiantes teniendo institutos o centros escolares de primera calidad, y el impacto en la movilidad urbana sería positivo, lo que se percibe cuando hay vacaciones escolares, hay una reducción entre 30% al 40% de tránsito en el municipio de Guatemala y en los municipios conurbados”.
A criterio de Edwin Xol, coordinador del Instituto Puente y miembro de la Mesa interinstitucional de Innovación Educativa, más que incrementar la cantidad del bono se debe discutir una política relacionada con el transporte escolar.
El beneficio está centrado en cubrir a estudiantes urbanos, que, si bien necesitan utilizar el transporte público colectivo, no hay que invisibilizar la necesidad de movilidad que tienen los niños y adolescentes de las áreas rurales, pues Xol señala que esta es una barrera de acceso para que los estudiantes asistan a los centros educativos públicos que están en las cabeceras municipales, principalmente en a nivel medio (básicos y diversificado).
“Cuando hablamos de centros educativos de nivel medio hay pocos centros educativos, entonces, los estudiantes tienen que caminar grandes distancias o transportarse un trecho largo y en un contexto de pobreza es difícil para los padres de familia solventar o cubrir este gasto. Esto se vuelve una barrera para continuar con sus estudios”, agrega.
Hay soluciones a esta problemática, y según Xol estas pueden surgir dependiendo del contexto en que se encuentren los estudiantes. En áreas urbanas una solución puede ser la de continuar el subsidio e incrementarlo ajustándolo a las nuevas realidades del costo del pasaje y a la escasez del transporte colectivo público.
Mientras que en las áreas rurales se puede contar con la participación de las municipalidades para financiar el servicio de transporte escolar, con buses que trasladen a los estudiantes desde sus comunidades a los centros educativos, de esa manera se logrará la inclusión educativa.
Información proporcionad por el Mineduc, para el pago del subsidio y bono del transporte público escolar las Direcciones Departamentales de Educación Guatemala Sur, Norte, Oriente y Occidente tienen un presupuesto de Q14.6 millones, cantidad que no ha cambiado desde 2019.
Son estas direcciones las responsables de la planificación, la programación y de la ejecución de dichos fondos.
El acuerdo ministerial 1311-2013 establece que para recibir el bono los estudiantes de la primaria deben tener entre 11 y 12 años. También lo reciben quienes cursan nivel básico y diversificado, será para los estudiantes de los centros educativos públicos de la ciudad capital y de los municipios del departamento de Guatemala que se consideren pertinentes.
La normativa indica que el pago del bono dependerá de la asignación presupuestaria que el Mineduc tenga para el mismo.
El programa de apoyo alcanzó a 89 mil 299 estudiantes en el 2019, al año siguiente las clases presenciales fueron suspendidas por la pandemia del covid-19 y la cobertura del bono se redujo a 29 mil 453 estudiantes. En el 2021 no se entregó, pues la modalidad educativa fue a distancia. Ya para el 2022 se aplicó la semipresencialidad y se benefició a 52 mil 381 niños y adolescentes. Para este año son 41 mil 243 los que deben recibirlo.
