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El sector privado empieza a pronunciarse por el amparo presentado por el TSE ante la Corte de Constitucionalidad en contra varios funcionarios ante la amenaza de “vulnerar el Estado de derecho” según lo expuesto en el documento divulgado por dicho tribunal.
Al respecto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció por medio de su presidente, Ignacio Lejárraga, indicando que es importante que la CC resuelva a favor de la protección authorized solicitada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar la segunda vuelta electoral en las condiciones oficializadas por ese ente electoral.
“El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está utilizando las acciones legales correspondientes para asegurar, por medio de la Corte de Constitucionalidad (CC), que la segunda vuelta electoral tenga lugar el 20 de agosto y en las condiciones en las que el propio TSE dictaminó, oportunamente, en su resolución 1328-2023”, respondió el directivo de la organización empresarial.
“Es importante que la máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección authorized, por medio de las prevenciones necesarias para que el evento eleccionario pueda llevarse a cabo y, de esta forma, permitir que sean los ciudadanos quienes libremente decidan en las urnas”, agrega Lejárraga en la respuesta proporcionada por la oficina de Comunicación del Cacif.
La madrugada de este viernes 21 de julio del 2023, el TSE presentó un amparo en la CC en contra de la jefa del Ministerio Público (MP), de la presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de otros funcionarios, por lo que considera una amenaza de “vulnerar el Estado de derecho”
Además el TSE pide que los funcionarios denunciados se abstengan de emitir órdenes opuestas a la oficialización de resultados de las Elecciones Generales en Guatemala. Los denunciados son:
David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación.
Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional.
Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia.
María Consuelo Porras Argueta, fiscal common y jefa del Ministerio Público.
Wuelmer Ubener Gómez González, procurador common de la Nación.
Edwin Manfredo Ardiano López, director common de la Policía Nacional Civil.
Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.
En el caso de José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos fue incluido inicialmente en la solicitud de amparo, pero luego el TSE enmendó y aclaró que fue un error haberlo consignado como autoridad denunciada, pues se le debe tener tercero interesado tomando en cuenta que la entidad ha participado con observadores electorales en la primera vuelta y en diferentes acciones implementadas a favor del proceso electoral.
Con información de Julio Román y Henry Montenegro
El sector empresarial se pronuncia por solicitud de amparo del TSE
America Area Information ,Subsequent Huge Factor in Public Knowledg
