Global Courant
San Pedro Sula, Honduras.
El 16 de enero de este año, un retén militar en la colonia Valle de Sula de San Pedro Sula capturó a un miembro activo de la Policía Nacional y a dos acompañantes que se desplazaban en un vehículo con reporte de robo. Este caso, que involucraba a José Luis Velásquez, David Cerén Cruz y Manuel Alberto Grijalba, es solo una pequeña muestra de la vasta red de vehículos robados que ha operado en Honduras.
Estadísticas que proporcionaron la Dirección de Criminología e Interpol a este medio de comunicación refieren que de enero a mayo de 2023 se reportaron 74 automóviles robados y 132 motocicletas solo en San Pedro Sula. Sus indicios establecen que en lo que va de este año, las camionetas han sido los automotores más robados, seguidas de los turismos, los pick up y se ha destacado la popularidad de motocicletas entre los criminales.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) documentó un total de 8,398 vehículos robados en Honduras entre 2015 y 2022, con 2,710 de ellos en el departamento de Cortés, de los cuales 2,201 ocurrieron en San Pedro Sula.
Durante el 2020, especialmente, el robo de carros comenzó a disminuir con relación a la tendencia que se venía registrando, lo que pudo ocurrir debido a la pandemia de covid-19 desde el inicio de año.
Por el surgimiento del nuevo Código Penal en fecha 25 de junio de ese mismo año, se agregaron y modificaron ciertos delitos, entre ellos el robo de vehículos, que en la actualidad van incluidos en la clasificación de robo con fuerza, robo con intimidación y robo con violencia.
En el mismo período de tiempo (2015-2022) en San Pedro Sula se reportaron 1,017 robos de motocicletas, 402 de automóviles turismo, 365 de pick-up, 198 de camionetas y un número menor de otros tipos de vehículos como camiones, microbuses, sedanes, autobuses, paneles, cabezales, furgones, remolques, vans y cuatrimotos. De todos estos vehículos robados solo se lograron recuperar 104, lo que refleja la dificultad para combatir este delito.
Se estima en base a los números que maneja la Dirección General de la Policía Nacional, que este negocio genera más de 200 millones de lempiras al año (aproximadamente 8 millones de dólares) para las organizaciones criminales únicamente de los carros robados en San Pedro Sula, teniendo en cuenta el promedio de vehículos hurtados, su número, tipo, modelo y año.
Para poner en contexto, se comparan los precios de mercado de vehículos robados con los valores en el comercio legal.
Cálculos de vendedores de vehículos usados en el país indican que, para dimensionar el problema, un vehículo turismo, de los más comercializados, fabricado entre los años 2012 y 2015, tiene un precio en el mercado de hasta 200,000 lempiras.
Por su parte, una camioneta de las más vendidas, entre 2010 y 2018, se sitúa en torno a un valor de hasta 270,000 lempiras. Las motocicletas que son más objeto de robo tienen un precio de entre 15,000 y 25,000 lempiras en el mercado automotor. Los expertos de este rubro señalan que estos vehículos son los más importados a San Pedro Sula debido a su precio accesible, confiabilidad, rendimiento y popularidad regional.
Las autoridades policiales identifican las colonias Trejo, Prado Alto, Moderna, Modelo y el barrio Río de Piedras como los cinco sectores con mayor incidencia de este delito.
La vulnerabilidad al robo de vehículos depende de una variedad de factores, y aunque puede ocurrir en áreas de alta plusvalía, no es una regla universal.
Negocio redondo
Un investigador del departamento de Delitos Contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al que accedió LA PRENSA Premium, analizó lo que representa el lucrativo negocio de carros robados en el país.
Las indagaciones dictan que la principal organización detrás de este negocio es la Pandilla 18, que opera en diferentes ciudades de Honduras, con mayor presencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Le sigue la Mara Salvatrucha (MS-13), otra agrupación con gran poder en el territorio nacional. Además, se investiga a una tercera banda independiente que aún no ha sido plenamente identificada, con raíces en Pedro Sula, pero que opera fuerte en el corredor de Santa Cruz de Yojoa y Villanueva.
La táctica comúnmente empleada es interceptar a las víctimas mientras están en movimiento. Usan uno o dos vehículos con entre cuatro y ocho hombres armados a bordo, que cubren sus rostros con pasamontañas, mascarillas o, a veces, no se ocultan. El primer paso es chocar o bloquear el vehículo de la víctima para forzarla a detenerse, luego la amenazan y casi siempre la raptan temporalmente.
“Tras interceptar a la víctima, la encañonan y suelen llevársela raptada para evitar que interponga la denuncia de inmediato, luego la liberan y se llevan el carro”, explicó el investigador durante la entrevista.
En promedio, personas altamente entrenadas para estos eventos por parte de una organización criminal, requieren menos de un minuto para perpetrar el ataque, raptar al ocupante y llevarse el carro.
El agente resaltó que en ocasiones, los robacarros, tras perpetrar el ataque, los mueven a otros puntos del este y sur de San Pedro Sula como la colonia Jerusalén, sectores Rivera Hernández y Chamelecón, pero lo más usual es que los trasladen a zonas como El Progreso, Villanueva, La Lima, a otros departamentos como Santa Bárbara e incluso a Guatemala.
Los movimientos evitan hacerse en horas pico por el embotellamiento que se genera en los bulevares, calles y avenidas. Los robos se concretan algunos durante el día, pero la mayoría en horas de la noche por el poco tráfico vehicular.
Cuando intentan introducirlos a Guatemala, recurren a rutas montañosas para evitar a las autoridades de Aduanas, Migración y Fronteras. Una vez en Guatemala, los modifican y los traen nuevamente a Honduras con características diferentes o los venden allá mismo.
”Normalmente los mueven en la noche-madrugada porque no hay operativos en las carreteras, debido a la oscuridad, y cuando es fuera de Honduras los trasladan mediante puntos ciegos. Ellos buscan más los carros de alta gama para modificarlos y venderlos, les hacen cambio de serie del motor, de etiqueta de las puertas, le hacen cambios al chasis, les quitan o manipulan las placas y los venden”, destacó el investigador mientras muestra al reportero y hojea sobre su escritorio una larga lista de denuncias de robo de vehículos.
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Las bandas usan frecuentemente para estos actos delictivos a menores de edad, mujeres y hombres “novatos” que empiezan su recorrido en la estructura criminal. Su participación en estas actividades evidencia y agrava aún más la crisis social que enfrenta el país.
Ojos puestos
Para entender esto, Lourdes Ramírez, especialista en programas de prevención de violencia en el valle de Sula, dice no creer que existan suficientes esfuerzos por parte del Gobierno que puedan dar resultados a corto plazo.
“Los problemas sociales son múltiples, hay desintegración de las familias, falta de oportunidades para la niñez y juventud. No hay seguridad, no hay oportunidades, las comunidades estigmatizadas buscan sobrevivir y luchan por un arraigo. Con el apoyo de algunos programas de la cooperación se puede lograr, pero se necesita trabajar más dentro de las comunidades, que se vea el desarrollo, generar empleo local y mejorar las condiciones de vida”, comentó.
La analista criticó a la sociedad local y a los entes gubernamentales, al calificarlos con sentido de “doble moral”, argumentando que no se está invirtiendo en prevención y más bien se criminaliza a la juventud.
La herramienta más utilizada por las organizaciones para esta actividad es Zello, una aplicación de comunicación por voz en tiempo real que permite a los usuarios crear canales de chat de voz públicos o privados. Esto les permite comunicarse entre sí y con otros miembros de su grupo, además de mantener un cierto grado de anonimato, lo que resulta atractivo para quienes desean ocultar su identidad mientras cometen delitos.
Además, los usuarios establecen comunicaciones privadas que no son fácilmente accesibles para otros, lo que les permite mantener sus conversaciones fuera del alcance de las autoridades.
Los análisis de la Policía no han logrado determinar con certeza cuáles son las rutas alternas que estas organizaciones utilizan para eludir los retenes fijos y los patrullajes durante los robos.
En ocasiones, los delincuentes siguen a sus víctimas durante cuatro a 10 cuadras antes de atacar, pero en la mayoría de los casos, “caen” sobre el primer conductor que encuentran, sin importar la ubicación.
En los últimos meses, las camionetas se han convertido en el blanco principal de los robos debido a su rapidez, amplitud y capacidad para circular en terrenos complicados. Se ha identificado igualmente que desarman los carros par venderlos en pedazos y distribuirlos a través de algunos “yonkers”.
Además de los automóviles, el robo de motocicletas es aún más frecuente, con alrededor del 90% de las motos siendo robadas mientras están estacionadas. Se cree que una banda independiente se dedica a estos robos y vende las motos a precios de “gallo muerto”. Por ejemplo, motocicletas que valen en el mercado lícito entre 15,000 o 25,000 lempiras, son vendidas por los delincuentes hasta por 5,000 lempiras.
Una vez consumado el robo, los carros suelen ser ocultados en residencias particulares o en talleres clandestinos para evitar su detección. Estas organizaciones emplean hasta cinco intermediarios en el proceso de transacciones y operaciones, contando con una logística bien desarrollada y un personal altamente capacitado para reparar y modificar los vehículos, devolviéndolos a un estado que parece nuevo.
Algunos de los vehículos robados se utilizan para cometer “pegadas” (delitos), como asesinatos por encargo, sicariato o secuestro, pero en gran parte de los casos son alterados para su posterior venta, ya sea mediante redes sociales como MarketPlace en Facebook, en ciertos autolotes o mediante intermediarios particulares.
El 27 de junio pasado, las autoridades localizaron y confiscaron un automóvil que aparentemente estaba vinculado a una masacre de 11 personas ocurrida tres días antes en el sector Victoria, del municipio de Choloma.
No es común que se falsifiquen documentos al vender estos vehículos, en su lugar, las organizaciones logran obtener certificados del Instituto de la Propiedad (IP) para legitimar la venta. La falta de regulación y rigurosidad en el traspaso de automóviles por parte de esta entidad facilita aún más el delito.
Las organizaciones establecen sus precios basándose en las ofertas que encuentran en redes sociales, reduciendo los precios en hasta 50,000 lempiras menos que el valor promedio de mercado. Esto hace que los vehículos robados sean atractivos para posibles compradores; es decir, si un automóvil turismo del año 2015, de los más populares en el mercado, tiene un precio de 200,000 lempiras, lo venden a tan solo 150,000 lempiras, lo que se considera una oferta irresistible para los potenciales compradores.
”Estas estructuras buscan nuevas opciones de ingresos, pero le hacen un daño fuerte a la economía”: criminólogo Herman Vogelsang
El criminólogo Herman Vogelsang señaló que “observamos cómo este delito está en aumento y va allá de lo que dicen las cifras oficiales, una parte de los vehículos robados se utiliza para cometer actos delictivos, mientras que otros se destinan a la venta como si fueran nuevos o se deshuesan para vender sus piezas en lugares que se prestan y donde son fácilmente adquiridas”.
Vogelsang también subrayó que estas mismas estructuras tienen sus negocios de autopartes, en los cuales venden piezas a precios muy bajos. Hay un incremento en el tráfico vehicular y el costo que implica para las personas mantener su medio de transporte ha tenido un impacto significativo en la economía.
El analista en seguridad cuestionó que la gente tenga que sacrificar su dinero y, aun así, se vea afectada por estas bandas que abusan de la situación al robar sus vehículos y venderlos.
Vogelsang mencionó que en muchos de estos atracos se observa la participación de vehículos que actúan como avanzada para verificar la ausencia o presencia de retenes policiales fijos o móviles en el camino. Posteriormente, estos carros robados son trasladados a casas o talleres donde se esconden durante un período determinado para ser preparados y repintados.
Para abordar este problema, recomendó el uso de patrullas interceptoras como una medida efectiva para capturar en el acto a los pandilleros que participan en el robo de vehículos. Además, destacó que, aunque estas organizaciones han estado involucradas en actividades como sicariato, narcotráfico y extorsión como su fuerte, están incursionando cada vez más en nuevos mercados, como el robo de vehículos, debido a la presión ejercida por la Policía en sus actividades tradicionales.
Desde julio pasado, la Secretaría de Seguridad anunció la implementación de patrullas interceptoras para combatir a los delincuentes. Estas patrullas son vehículos no caracterizados, es decir, que no tienen ningún distintivo de la institución de seguridad del Estado. Varias de estas ya operan en el valle de Sula, pero se desconoce cuántas en total.
”Tenemos identificados modus operandi y bandas que se dedican a robar carros”: Ronald Posada, vocero de la Policía Nacional
Ronald Posada, subinspector y portavoz de la Policía Nacional en San Pedro Sula, aseguró que han intensificado las operaciones para frenar la presión ilegal de esta actividad en el valle de Sula, capturando a grupos delictivos organizados y confiscando armas y drogas. Comentó que el robo de vehículos es uno de los delitos a los que más atención le están prestando, trabajando con patrullajes de reacción inmediata, rastreo y ubicación.
“Ahora contamos con más logística, patrullas y recurso humano para contrarrestar delitos como este en bulevares, calles y avenidas. Tenemos identificadas las bandas que han estado operando en zonas de alta plusvalía, por lo que trabajamos de cerca con DPI para combatirlas”, afirmó el oficial.
La denuncias de vehículos robados se dispararon, concuerda la Policía, desde que la cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 estuvieron sin funcionar el 1 de septiembre del año 2022. El servicio se ha reactivado parcialmente en las principales ciudades desde que llegó una interventora en marzo pasado.
Que estén en completo funcionamiento las cámaras del 911 es vital porque proporcionan un registro visual de lo que sucede en una ubicación específica en un momento dado. Esto significa que pueden capturar imágenes o videos de robos de vehículos en tiempo real, lo que facilita enormemente la identificación de los delincuentes y la recopilación de pruebas para enjuiciarlos.
